Este primer Informe Planeta Protegido para Latinoamérica y el Caribe 2020 ha sido coordinado desde la RedParques con el apoyo del Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y diversas organizaciones aliadas. El documento analiza el progreso en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre áreas protegidas en 51 países, islas y territorios de Latinoamérica y el Caribe y se elaboró a partir de la información reportada en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) a julio del 2020, otras fuentes regionales y el conocimiento técnico de 58 autores voluntarios, expertos en la materia.

El informe confirma que, como región, hemos cumplido y superado el componente de cobertura de la Meta 11 de Aichi al término del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el cuál establece que se debe alcanzar la protección de al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras. Juntos, a nivel regional hemos alcanzado la protección del 24% del territorio terrestre y superado el 19% del territorio marino y costero, según lo reportado en la WDPA a finales del 2020.

A pesar de los grandes logros alcanzados, es necesario un nuevo acuerdo para conseguir la conservación y la gestión efectiva de las áreas protegidas y conservadas en los años venideros. Este documento hace un llamado enfático a ser más ambiciosos y redoblar esfuerzos para aumentar la cobertura de territorio protegido en -al menos- un 30%, para el 2030. Igualmente, invita a incrementar significativamente los recursos financieros para los sistemas de áreas protegidas, mejorar las evaluaciones de la efectividad del manejo de manera sistemática, así como las condiciones laborales de los guardaparques y continuar con la identificación de áreas clave para la biodiversidad promoviendo su adecuada salvaguarda. Es indispensable evaluar la representatividad de la región de acuerdo con el estado de protección de especies y endemismos regionales y mejorar la permeabilidad del paisaje de las áreas protegidas para promover su conectividad ecológica. El informe también presenta la diversidad de modelos funcionales de gobernanza en áreas protegidas y conservadas existentes en la región y expone la necesidad de generar mecanismos institucionales y legales para reconocerlos y darles operatividad.