Según un informe del Banco Mundial, el 65% de las empresas en las que trabajan los peruanos son informales.
El sector forestal no es excepción.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor–, la Agencia de Investigación del Ambiente (EIA por sus siglas en inglés) y otras organizaciones especializadas en la materia, reportan cifras cercanas al 80% de ilegalidad respecto a la madera producida en el Perú con fines de exportación. La pregunta es: ¿por qué?

Algunos de los factores que actúan como catalizadores son la burocracia y el exceso de fiscalización a los extractores, productores y distribuidores formales —el ilegal, como no está sujeto a las normas, no tiene esa clase de “trabas”.

Asimismo, la mayor inversión necesaria para gestionar sosteniblemente el bosque, adquirir equipos de seguridad y brindar beneficios sociales a los trabajadores –entre otros gastos– genera un crecimiento significativo de los costos de operación. En contraste, el informal sigue un camino menos costoso, más simple y mucho más veloz, logrando de esta forma preciosde mercado más atractivos.

Considerando el alto grado de informalidad en la extracción y comercio de madera, además de la inadecuada metodología empleada para calcular el PBI del sector forestal, éste solo alcanza poco más del 1%.

Esta cifra definitivamente se vería alterada si se tomaran en cuenta otras variables, como los procesos de transformación de la madera hasta producto terminado; la extracción, procesamiento y comercio de productos forestales diferentes a la madera; el turismo; el transporte inherente a las actividades económicas mencionadas y los intangibles, como la captura de carbono y la regulación del ciclo hídrico.