Si el proyecto de ley no se vota el jueves antes del cierre de la legislatura, quedará archivado por vencimiento de términos

Bogotá, 16 de junio de 2021.-  Casi un año y medio después de que el Gobierno Nacional firmara el Acuerdo de Escazú, este jueves 17 de junio, a las 9:00 a.m., en el Congreso de la República se votará para decidir si se ratifica el Acuerdo de Escazú en Colombia. La semana pasada se acabaron las audiencias públicas para su debate después de 10 meses de haberse radicado el proyecto de ley en el Congreso.

Colombia es el país más riesgoso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio —según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, con 64 defensores y defensoras asesinados en 2019—. Además, es más que necesario en la coyuntura nacional, pues permitirá prevenir los conflictos ambientales que surgen a diario en el territorio y evitar el aumento desmedido de asesinatos de defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú es una herramienta vital para regular los derechos que debemos tener para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales.

Este instrumento entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Caribe después de haber sido ratificado por 12 Estados entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá. Ahora es necesario que Colombia asuma el compromiso que manifestó con la firma del Acuerdo el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica para fortalecer la paz y la democracia ambiental.

Para este momento, ya se realizaron cuatro espacios de discusión para aclarar en el Congreso de la República todas las dudas sobre el Acuerdo. Allí participamos gremios, organizaciones de la sociedad civil, líderes ambientales y sociales de varias partes del país, y se demostró por qué el país lo necesita.

Contrario a lo que se ha dicho, el Acuerdo de Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique.

De antemano, la Corte Constitucional ha reconocido que el país tiene un déficit de protección constitucionalmente inadmisible en materia de participación ciudadana, debido a la inexistencia de una regulación definida de mecanismos de participación ciudadana ambiental e instrumentos de coordinación y concurrencia.

Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento de vital importancia que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.

El espacio de este jueves es la última oportunidad -en el corto plazo- que Colombia tiene para ratificarlo. Si el espacio llega a posponerse o cancelarse, el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú quedaría archivado por vencimiento de términos y, si no logra la mayoría de votos, su futuro sería incierto.

La ratificación del Acuerdo enviaría una fuerte señal a los demás países, incluidos los aliados comerciales y de cooperación, así como a los inversionistas extranjeros, al reafirmar el compromiso de Colombia con la buena gobernanza, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, en el marco de su vinculación con la OCDE y de inversiones a través de la Banca Multilateral, entidades que han liderado o dado su aval y apoyo a este Acuerdo.

Colombia requiere reforzar las garantías constitucionales asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones en Colombia, en cumplimiento y concordancia con los estándares comerciales globales y regionales.

En lo que respecta al desarrollo de proyectos, obras o actividades, Colombia es un país en el que la mayoría de contingencias relacionadas con proyectos del sector privado ocurren justamente por falta de procesos de participación y acceso a la información efectivos, lo que demuestra la importancia del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de agendas de desarrollo a favor de todos los actores involucrados.